NUEVA YORK._ Los ex supervisores de la DEA, John Constanzo Junior y Manny Recio fueron hallados culpables ayer miércoles por un jurado en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan de filtrar informaciones confidenciales a poderosos narcotraficantes en el extranjero a cambio de millares de dólares en sobornos.
NUEVA
YORK._ Los ex supervisores de la DEA, John Constanzo Junior y Manny Recio declarados culpables por filtrar
informaciones a abogados defensores de narcos a cambio de sobornos. (Fotos
Fiscalía Federal Distrito Sur NY).
El
los declaró culpables de los mismos cargos por lo que ambos se enfrentan a
condenas de décadas en cárceles federales.
Los
jurados los hallaron responsables de aceptar
sobornos y fraude electrónico en un juicio de dos semanas que expuso los
métodos con los que la agencia anti drogas de Estados Unidos maneja secretos
gubernamentales, incluido el testimonio sobre una filtración tan delicada que
el juez cerró la sala para evitar lo que consideró podrían ser graves
repercusiones diplomáticas.
“Es
acerca de codicia y corrupción”, dijo la fiscal federal adjunta Emily Deininger
en su alegato final. “Lo que hacían estaba mal y lo sabían”.
Recio
y Constanzo forman parte ahora de una creciente lista de más de una decena de
agentes de la DEA que han sido declarados culpables de cargos federales en los
últimos años, incluido uno que lavaba dinero para cárteles colombianos.
El
juicio de otro agente está previsto para enero, bajo cargos de que aceptó
$250,000 en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.
Gran
parte del caso se basó en mensajes de texto y llamadas intervenidas entre los
agentes, que siguieron siendo cercanos luego de que Recio se jubiló de la DEA
en 2018 y empezó a reclutar clientes como investigador privado para abogados
defensores en Miami.
Recio
pidió en varias ocasiones a Constanzo que consultara nombres de una base de
datos confidencial de la DEA para mantenerse al tanto de investigaciones
federales que interesarían a sus nuevos jefes.
Los
dos también hablaron sobre el momento en que se realizarían detenciones a
narcotraficantes de alto perfil, y la
fecha exacta de 2019 en que los fiscales planeaban presentar cargos contra el
empresario Alex Saab, uno de los principales colaboradores y cobrador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
A
cambio, Recio transfirió en secreto $73,000 en compras a Constanzo, incluidos
boletos de avión y el enganche para su condominio en los suburbios de Coral
Gables, Florida, expusieron los fiscales en el juicio.
La
trama dependía de intermediarios, incluido el padre de Constanzo, agente jubilado
y condecorado de la DEA que, según los fiscales, mintió al FBI.
La
fiscalía dijo que Constanzo y Recio también utilizaron facturas falsas y una
empresa cuya dirección figuraba como tienda de UPS para disimular los pagos de
sobornos, al tiempo que borraban cientos de mensajes y llamadas efectuadas a un
teléfono desechable.
“Una
y otra vez ocultaron y mintieron”, dijo la fiscal Deininger. “A Recio y
Constanzo les importaba tanto el dinero que pusieron en riesgo a personas e
investigaciones”.
Recio
y Constanzo no testificaron, pero han rechazado los cargos desde hace tiempo.
Sus abogados dijeron que los fiscales no lograron vincular los pagos con las
filtraciones, procurando hacer ver que la investigación fue especulativa y
descuidada.
“Eso
es una notable falta de pruebas”, dijo el abogado defensor Marc Mukasey a los
miembros del jurado en su resumen. “En un caso sobre sobornos y asociación
delictuosa, nadie testificó sobre sobornos y asociación de malhechores”.
La
defensa también puso en duda la credibilidad del testigo estrella de la
fiscalía, Jorge Hernández, un delincuente e informante que implicó primero a
Recio y portaba un micrófono para que el FBI lo grabara. Hernández, conocido
por el apodo de “Boliche”, dijo que había sido colocado en la lista negra de
informantes de la DEA y sería ejecutado en dos horas si alguna vez regresaba a
su natal Colombia.
El
proceso se caracterizó por la presencia de otras figuras destacadas que
evitaron ser acusadas, como los abogados defensores Luis Guerra y David Macey,
radicados en Miami, que fueron mencionados en repetidas ocasiones pero no
fueron convocados a testificar.
Los
abogados que sobornaban a los ex agentes de la DEA recibían informaciones previas de las detenciones federales, ya que incluían
a clientes con grandes fortunas, usualmente con el objetivo de negociar un
acuerdo de cooperación con el Gobierno.
Los
fiscales dijeron a los miembros del jurado que los abogados corruptos habían pagado
generosamente por los secretos de la DEA, pero no explicaron por qué no se
acusó a ninguno de ellos.
“Este
juicio ha revelado las oscuras entrañas de la abogacía defensora del
narcotráfico”, dijo Bonnie Klapper, ex fiscal federal a la agencia AP que ahora
defiende a acusados de lavado de dinero y narcotráfico.
“Si
la evidencia es como se presentó durante el juicio, es impactante que los propios
abogados no fueran acusados”, añadió.
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